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En honor a los tres millones y medio de seres humanos muertos, al momento de escribir esta columna, como consecuencia del Covid, deberíamos al menos conocer su origen y reconocer que el manejo global de la pandemia, tanto de su alerta temprana como de las medidas para evitar su propagación hasta la producción y distribución de vacunas, ha sido muy ineficiente y poco digno del grado de desarrollo que la sociedad creía haber alcanzado.
Este sabor amargo que nos deja la experiencia que hemos estado viviendo los últimos quince meses –y que todavía no ha terminado– debe servir de lección a todos los organismos internacionales –no solo a la Organización Mundial de la Salud– para no tropezar dos veces con la misma piedra. En ese sentido, la humanidad enfrenta otro problema acuciante, que pone nuevamente a prueba sus capacidades, el cambio climático, cuyas consecuencias más graves –de no encararlo a tiempo– serán sufridas por las generaciones que nos sucedan. Su solución está íntimamente vinculada con otra necesidad, dar acceso energético a quienes no lo tienen y mejorar la oferta energética en aquellos países que todavía no han alcanzado su desarrollo. Juntos, acceso energético y mitigación del cambio climático, constituyen el principal desafío que enfrenta nuestra generación.
Este desafío llevó a las Naciones Unidas a firmar el celebrado Acuerdo de París, el cual entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 al ser ratificado por más de 55 de las partes que integran el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El Acuerdo establece el compromiso de mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2°C por encima de los niveles preindustriales (fines del siglo XIX) y continuar los esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5°C, reconociendo que esta acción –a lograr principalmente mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero– disminuirá sensiblemente los riesgos y consecuencias del cambio climático.
Aun con el respiro causado por las restricciones de movilidad aplicadas para manejar la actual pandemia, se generan por año a nivel global cerca de 50.000 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, gas que es principalmente producido por la combustión de los hidrocarburos fósiles y que explica cerca del 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI).
La emisión de estos gases –sumada a otros factores, como la deforestación, que merma la absorción del dióxido de carbono– y su persistencia en la atmósfera generan el aumento de su concentración en ella. Tomando las mediciones del observatorio de Mauna Loa en Hawái (EE.UU.) como punto de referencia, la concentración de dióxido de carbono aumentó de 370 partes por millón en el año 2000 a 390 ppm en 2010 y a 414 ppm en 2020, respectivamente.
Esta situación ha llevado a un consorcio de organizaciones interesadas en la evolución del cambio climático a efectuar un seguimiento de las temperaturas estimadas del planeta en función de las distintas estrategias de mitigación que se apliquen. Para esto, desarrollaron una herramienta muy simple pero potente, el Climate Action Tracker Thermometer (Termómetro para el Seguimiento del Cambio Climático). Conforme a esta herramienta, la temperatura media global se ubica actualmente 1,2°C por encima de los niveles preindustriales y, teniendo en cuenta las políticas actuales aplicadas, llegaríamos a 2,9°C hacia el fin de este siglo, o a un más optimista 2,4°C si consideráramos las promesas declamadas por los países miembros de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Estos resultados estimados están muy alejados de los objetivos comprometidos cinco años atrás, y aun así exigirían un nivel de esfuerzos muy superior al actual, ya que para alcanzar el objetivo más optimista se debería reducir la emisión de GEI a la mitad del nivel actual de producción.
A partir del reconocimiento de la lentitud en el accionar para mitigar el cambio climático, un conjunto de países, responsables de cerca del 70% del producto bruto y de las emisiones de dióxido de carbono mundiales, ha decidido redireccionar sus objetivos y proclamar alcanzar emisiones neutras (cero) para el año 2050 como forma de lograr el objetivo de largo plazo establecido en el Acuerdo de París.
Con ese mismo fin, y para colaborar en el esfuerzo mayúsculo que significa el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha publicado recientemente un oportuno y exhaustivo trabajo titulado “Emisiones cero para el 2050 – Un camino para el sector energético global”. En dicho documento se establece una hoja de ruta con metas quinquenales para lograr la neutralidad de carbono al 2050, teniendo en cuenta además que para ese año se espera que el producto bruto global duplique al actual y el crecimiento poblacional sea cercano a dos billones de habitantes.
Para lograr ese objetivo se requerirá una acción firme y consistente, que incluye un uso más eficiente de la energía en todos los sectores que la requieren (edificios, transporte, industria, generación eléctrica y de calefacción, entre otros) y cambios de conducta en los patrones de consumo. Asimismo, en las próximas tres décadas –la medida de una generación– veremos concretar la transición de las energías fósiles, que todavía representan el 80% de la matriz energética global, a energías renovables. En ese mismo período, la electricidad pasará a representar el 50% del consumo energético global, frente al actual 20%.
En línea con el nuevo impulso que requiere el desafío de las actuales transiciones energéticas y tal vez en reconocimiento de la necesidad de una acción global coordinada, que el manejo de la actual pandemia no ha demostrado, el grupo de países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia. Italia, Japón y el Reino Unido) firmaron el viernes pasado en Londres un compromiso de acción, en preparación para la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP26) que tendrá lugar en Glasgow a fines de año, para lograr que sus economías transiten a un objetivo de emisiones cero hacia el 2050 y, de esta manera, enviar al resto de los países una fuerte señal para actuar en ese sentido.
Mientras tanto, en nuestro país, tan dependiente de la energía fósil como el mundo en su totalidad (aunque con la ventaja de que el gas natural, el combustible fósil que menos dióxido de carbono emite en su combustión, domina el 53% de nuestra matriz energética), disponemos también de vastos recursos hídricos, nucleares, bioenergéticos y renovables de altísima calidad que prácticamente no emiten dióxido de carbono. Por ello, atendiendo a las necesidades básicas de nuestra población, deberíamos aunar esfuerzos para proponer, debatir y acordar objetivos de largo plazo que nos ordenen y eleven de la discusión cortoplacista de tarifas y subsidios, porcentaje del corte con biocombustibles, leyes de promoción específicas de distinta índole, y otras cuestiones tratadas habitualmente de manera aislada y ajena a un programa general.
Con ese objetivo, desde los distintos ámbitos interesados en esta materia –que trasciende el terreno de la energía, alcanzando al del ambiente, la economía y el desarrollo humano–, incluyendo al gobierno nacional, los gobiernos provinciales, sus legislaturas, al sector empresarial y laboral, a las universidades y otros interesados, deberíamos comprometernos a debatir los caminos posibles y consensuar la planificación de aquel óptimo que nos dé mayores certezas de alcanzar un desarrollo energético sustentable. Se trata de una cuestión que no puede postergarse, ya que cada día que pase sin encarar un camino de solución implicará una grave hipoteca para el futuro.
Sin duda, ese logro sería uno de los mejores legados que podamos dejar a las generaciones que nos sucedan en la búsqueda del bienestar común, y los políticos que nos guíen a conseguirlo, más allá de su suerte electoral, recibirán merecidamente la consideración de estadistas por parte de la sociedad en su conjunto.
Por Juan J. Aranguren
Director de la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del ITBA
FUENTE: DIARIO LA NACION